La Sala Penal Especial de la Corte Suprema confirmó la sentencia de tres años de inhabilitación impuesta en primera instancia a la ex congresista Elsa Canchaya Sánchez, el 7 de octubre de 2009, por el delito contra la administración pública –nombramiento ilegal para ejercer cargo público- en agravio del Estado.
El tribunal ratificó también el pago de 30 mil soles como concepto de reparación civil, que deberá abonarse al Tesoro Público, y la pena de 120 días multa, equivalente al 30% de su ingreso promedio diario y que se determinará sobre el salario que ha percibido como parlamentaria.
El fallo precisa que la inhabilitación deberá contabilizarse desde el 7 de octubre de 2009, y no desde el 7 de junio de 2007 como erróneamente se consignó, y vencerá el 6 de octubre de 2012.
Los jueces Víctor Prado Saldarriaga, Hugo Príncipe Trujillo y Jorge Santa María Morillo declararon infundada la excepción de prescripción de la acción penal planteada por Canchaya pues sostienen que no cabe considerar para efecto de dicho cómputo el momento de la comisión del delito.
Esto porque la condición de congresista de Canchaya no era susceptible de ser perseguida por el Ministerio Público y las autoridades judiciales, sino hasta que se declaró suspendido su derecho a la inmunidad, vía el antejuicio.
El tribunal ratificó también el pago de 30 mil soles como concepto de reparación civil, que deberá abonarse al Tesoro Público, y la pena de 120 días multa, equivalente al 30% de su ingreso promedio diario y que se determinará sobre el salario que ha percibido como parlamentaria.
El fallo precisa que la inhabilitación deberá contabilizarse desde el 7 de octubre de 2009, y no desde el 7 de junio de 2007 como erróneamente se consignó, y vencerá el 6 de octubre de 2012.
Los jueces Víctor Prado Saldarriaga, Hugo Príncipe Trujillo y Jorge Santa María Morillo declararon infundada la excepción de prescripción de la acción penal planteada por Canchaya pues sostienen que no cabe considerar para efecto de dicho cómputo el momento de la comisión del delito.
Esto porque la condición de congresista de Canchaya no era susceptible de ser perseguida por el Ministerio Público y las autoridades judiciales, sino hasta que se declaró suspendido su derecho a la inmunidad, vía el antejuicio.
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