Las irregularidades denunciadas en la investigación por el caso Business Track parecen ser capítulos de una historia sin fin. Al presunto maltrato a Giselle Giannotti por parte de la Dirección Antidrogas (Dirandro) y al borrado de los archivos de dos de los USB que se le incautó se suma ahora la supuesta coordinación que los investigadores de la Dirandro mantenían, de forma constante y directa, nada menos que con Palacio de Gobierno.
Esta comunicación entre el entonces jefe de la Dirandro, general Miguel Hidalgo, y el presidente Alan García fue revelada a Perú.21 por Remigio Hernani, ex ministro del Interior.
INVESTIGACIÓN A PEDIDO. La confianza del mandatario en Hidalgo se reveló en enero del año pasado, cuando –según Hernani– le ordenó que investigara, de forma exclusiva y reservada, el caso BTR. “En los primeros días de enero de 2009, cuando yo era ministro del Interior, llamé al general Hidalgo para preguntarle sobre la investigación que tenía, pero me dijo que no podía informarme porque era reservada y por orden del presidente de la República”, recuerda Hernani.
Si bien lo regular hubiera sido que el presidente le comunicara el tema a su ministro del Interior para que este, a su vez, le transmitiera la orden a su subalterno, en este caso en particular, tal regla no se cumplió. “Si el presidente, como jefe supremo de las FF.AA. y de la PNP, ordenó la investigación directamente, yo no podía intervenir. Hidalgo coordinaba este tema con el presidente, eso es lo que él me informó, y si el mandatario lo dispone así, entonces el ministro queda relegado”, añade.
La cadena de irregularidades internas no culminó con la decisión del jefe de Estado de mantenerse al tanto de lo que la Policía descubriera en las diligencias de revisión de los equipos incautados a BTR. El 9 de enero, el general Hidalgo le pidió al entonces jefe policial, Mauro Remicio, que lo acompañara a la sede de la Fiscalía de la Nación pues se había convocado a los periodistas a la conferencia en la que se informaría sobre la investigación realizada.
“Cuando el general Remicio me informó sobre el pedido de Hidalgo, le dije que no participara en esa conferencia pues no podía avalar una investigación que desconocía porque, cuando le solicitó un informe sobre el caso a Hidalgo, este también se lo negó. Entonces, ¿cómo avalar algo que no se conoce? El tiempo, ahora, nos ha dado la razón”, acotó el ex ministro.
Si bien, desde hace dos semanas, el presidente ha solicitado públicamente que el Poder Judicial y el Ministerio Público entreguen ya los resultados de la investigación, también sería saludable que el mandatario informe si –tal como le dijo Hidalgo al ex ministro Hernani– ordenó y siguió los avances de las diligencias realizadas en la Dirandro.
ENTREGA DE MATERIAL. En tanto, ayer, una semana después de que culminara el plazo de investigación judicial, la jueza María Martínez entregó al fiscal Walter Milla los 200 tomos que forman el expediente del caso Business Track. En declaraciones a la prensa, la magistrada negó cualquier alteración en los archivos contenidos en los USB de Giannotti.
El fiscal Milla tiene un plazo de 15 días útiles para revisar los 200 tomos –en los que se incluyen los interrogatorios, las transcripciones de los audios, las copias de los correos electrónicos, etc.– y decidir si se amplía el plazo de investigación o si considera que ya puede continuarse con la etapa del juicio oral.
Esta comunicación entre el entonces jefe de la Dirandro, general Miguel Hidalgo, y el presidente Alan García fue revelada a Perú.21 por Remigio Hernani, ex ministro del Interior.
INVESTIGACIÓN A PEDIDO. La confianza del mandatario en Hidalgo se reveló en enero del año pasado, cuando –según Hernani– le ordenó que investigara, de forma exclusiva y reservada, el caso BTR. “En los primeros días de enero de 2009, cuando yo era ministro del Interior, llamé al general Hidalgo para preguntarle sobre la investigación que tenía, pero me dijo que no podía informarme porque era reservada y por orden del presidente de la República”, recuerda Hernani.
Si bien lo regular hubiera sido que el presidente le comunicara el tema a su ministro del Interior para que este, a su vez, le transmitiera la orden a su subalterno, en este caso en particular, tal regla no se cumplió. “Si el presidente, como jefe supremo de las FF.AA. y de la PNP, ordenó la investigación directamente, yo no podía intervenir. Hidalgo coordinaba este tema con el presidente, eso es lo que él me informó, y si el mandatario lo dispone así, entonces el ministro queda relegado”, añade.
La cadena de irregularidades internas no culminó con la decisión del jefe de Estado de mantenerse al tanto de lo que la Policía descubriera en las diligencias de revisión de los equipos incautados a BTR. El 9 de enero, el general Hidalgo le pidió al entonces jefe policial, Mauro Remicio, que lo acompañara a la sede de la Fiscalía de la Nación pues se había convocado a los periodistas a la conferencia en la que se informaría sobre la investigación realizada.
“Cuando el general Remicio me informó sobre el pedido de Hidalgo, le dije que no participara en esa conferencia pues no podía avalar una investigación que desconocía porque, cuando le solicitó un informe sobre el caso a Hidalgo, este también se lo negó. Entonces, ¿cómo avalar algo que no se conoce? El tiempo, ahora, nos ha dado la razón”, acotó el ex ministro.
Si bien, desde hace dos semanas, el presidente ha solicitado públicamente que el Poder Judicial y el Ministerio Público entreguen ya los resultados de la investigación, también sería saludable que el mandatario informe si –tal como le dijo Hidalgo al ex ministro Hernani– ordenó y siguió los avances de las diligencias realizadas en la Dirandro.
ENTREGA DE MATERIAL. En tanto, ayer, una semana después de que culminara el plazo de investigación judicial, la jueza María Martínez entregó al fiscal Walter Milla los 200 tomos que forman el expediente del caso Business Track. En declaraciones a la prensa, la magistrada negó cualquier alteración en los archivos contenidos en los USB de Giannotti.
El fiscal Milla tiene un plazo de 15 días útiles para revisar los 200 tomos –en los que se incluyen los interrogatorios, las transcripciones de los audios, las copias de los correos electrónicos, etc.– y decidir si se amplía el plazo de investigación o si considera que ya puede continuarse con la etapa del juicio oral.
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